CLIVAJE – CUBA

CECILIA HUERTA- LAURA FIGUEROA

La revolución que llegó al poder en enero de 1959 significaría una transformación de la sociedad cubana en una magnitud que hubiera sido prácticamente imposible prefigurar en el contorno de un programa político, por profundas que fueran las reformas que éste se planteara, como lo fueron en el programa del Moncada (Fidel Castro, La historia me absolverá , 1953). Magnitud inimaginable incluso para el líder mismo que la ha conducido desde sus inicios y que ha dejado su impronta inconfundible para el curso futuro, quien lo signó en una elocuente expresión: «Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos».                                                                                                                                         

En Cuba la referencia marxista fue incorporada después que el pueblo descubriera que sus reclamos habían llegado al poder; que la nación, que el régimen republicano nacido a la sombra de la intervención pionera del imperio americano no había podido darle, no solo era una posibilidad sino que el pueblo mismo había comenzado a hacerla real. Los líderes acudieron a las masas desde el principio para que sus iniciativas no quedaran en la esfera de las decisiones elitistas. Aunque la simplicidad de la estructura de gobierno se valiera del decreto, el cambio social no se decidía sin acudir al consenso popular más amplio. La sociedad cubana tuvo rápidamente pruebas inconfundibles del alcance social del proyecto puesto en marcha. La reforma agraria, que expropiaba el latifundio, se firmó a cuatro meses de la victoria, y pocos meses después se hacía efectivo el reparto de las tierras. Una movilización masiva de campesinos a la Habana en la primera celebración del aniversario del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1959, barrería con las esperanzas de la oligarquía terrateniente de oponer resistencia a la decisión de repartir la tierra entre el campesinado explotado, dedicado a trabajarla.                                                                                              Desde aquel momento el recurso a la movilización de las masas en torno a los dirigentes se convirtió en el más persistente para la manifestación del consenso. De esta manera, un nuevo tipo de relaciones sociales comenzó a imponerse, y a cobrar una incidencia en la transformación de la estructura de clases de la sociedad cubana. Además de la reforma agraria, fueron adoptadas otras iniciativas orientadas a avanzar en los propósitos de justicia social y equidad, a la eliminación de la pobreza, la reducción de desigualdades, el alivio de las presiones del hábitat, por la vía de la rebaja de la renta, primero, y por la supresión de la usura y el mercado inmobiliario, después. Entre 1959 y 1963, tendrían lugar la nacionalización de la banca, de la industria y del comercio, un cambio de nominación de la moneda con tope de atesoramiento, y una segunda ley agraria, que reducía aún la extensión de la propiedad de la tierra. Al reformarse la estructura económica se reformaba el conjunto de las relaciones sociales. Con la socialización de la casi totalidad de la economía por la vía de la propiedad estatal, cambiaba del todo la fisonomía de la sociedad. Y con ella el tipo de relaciones con los órganos de poder político, que ya no responderían a intereses oligárquicos de carácter privado. La transformación estructural de la sociedad cubana se produjo muy rápidamente.

Aquella gigantesca cabeza gubernamental que suponía la creación de ministerios concebidos para administrar la totalidad del espectro económico se dirigía desde una estructura exclusiva y simple: el Consejo de Ministros. Sin embargo se avanzó, no sin dificultades, hacia la unificación política en un partido, que no había dirigido la lucha revolucionaria sino que se integraba a partir de la victoria, desde los movimientos y organizaciones que lo habían hecho. Y cuya misión, en su relación con el Estado, no quedaría muy definida hasta diez años después. Surgía, a la vez, una nueva institucionalidad, la cual se arraigó con la fuerza del consenso, en la sociedad civil cubana: novedosas organizaciones de masas, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, las cuales no desplazaron a otras cuya legitimidad se revitalizó en el cambio social, pero que le darían un sentido nuevo a la participación popular.                                             El poder revolucionario afrontó la meta de eliminar el analfabetismo adulto de la población en el marco  reducido del año 1961, en el cual Cuba fue invadida por un ejército mercenario armado y entrenado desde los Estados Unidos, y enfrentaba alzamientos contrarrevolucionarios que se prolongaron por varios años. Desde 1962 era asumido un sistema único de educación, público, laico y gratuito. El mismo carácter público y gratuito se acordaba para el sistema de salud en 1965. No se planteó esperar a que el sistema que recién se creaba, bajo el acoso económico, diplomático y hasta militar de los Estados Unidos, hiciera costeables las profundas reformas sociales, sino que se adoptaron y se tradujeron en un consenso sostenido, que atravesó prácticamente sin tregua las escaseces alimentarias, de vestuario y de otras necesidades, que desde los mismos años 60 comenzaron a vivirse. Para los niveles de parametración hegemónica norteamericana esta capacidad de resistencia desde una sociedad constituida en Estado, insignificante en términos geopolíticos, frente a las reglas de dominación y subsistencia impuestas, fue la primera de las tres sorpresas que el caso cubano daría a Washington. Los cubanos descubrieron que la soberanía tenía una naturaleza tangible, más allá de la Constitución, las instituciones del Estado y los símbolos de la Patria, y que había que defenderla en la práctica cada vez que alguien la pusiera en peligro. Varios factores iban a erosionar, desde entonces, el escenario de la nueva relación social. El efecto migratorio, marcado al principio del período que nos ocupa por el desplazamiento de poder impuesto por la revolución, hacia finales de la década comenzó ya a desplazarse hacia motivaciones vinculadas a las condiciones y el estilo de vida que una austeridad extendida imponía, a despecho de los beneficios en respuesta a las urgencias de equidad y justicia social, y del rescate de la soberanía nacional. Washington no perdió tiempo en manipular la presión migratoria cubana para alimentar la imagen de una sociedad dividida. Desde entonces la opción de migrar se presentará como una mezcla de atracción (para quienes se desalienten) y de amenaza (para la estabilidad de la sociedad que se construye en la Isla). Así se armó una política preferencial que premia con privilegios a los cubanos que arriban por la vía ilegal, opuesta a la política aplicada para el resto de los migrantes latinoamericanos. De modo que se hace imposible esbozar un cuadro completo de la sociedad cubana sin tomar en cuenta la existencia de un enclave migratorio, principalmente en los Estados Unidos, que en poco tiempo comienza a incidir económicamente, y también como imagen de diferencia de bienestar, a través del dispositivo de las remesas familiares (que guarda semejanza con la caracterización genérica de la explosión migratoria actual, pero que en el caso cubano es manipulada). No obstante, la comunidad emigrada es un fenómeno que no presenta hoy una uniformidad opositora, aunque predominan las franjas que expresan el conflicto con el proceso cubano; no contamos con el espacio para detenernos aquí en sus dinámicas pero tampoco podemos pasar por alto que constituye un componente problemático en el análisis de la sociedad cubana de hoy. Es conocido que las explosiones migratorias vividas no se detuvieron después de la primera década, y quedaron marcadas con fuerza en la salida masiva por el puerto de Mariel en 1980, y de nuevo con la llamada «crisis de los balseros» en 1994. Y que en la actualidad el sistema cubano está lejos de haber podido consolidar un cuadro de incentivación que contrapese las motivaciones migratorias.